Presentación

Este proyecto tiene como objetivo profundizar en la mediación como mecanismo de prevención y resolución de conflictos jurídico-administrativos y explorar sus potencialidades, tanto en el ámbito administrativo como en el contencioso-administrativo, así como realizar propuestas de lege ferenda.

El actual sistema de garantías existente para resolver los conflictos jurídico-administrativos que enfrentan a los ciudadanos y administraciones públicas es insuficiente, insatisfactorio e ineficaz. La justicia administrativa se enfrenta en la actualidad a numerosos obstáculos y evidencia la incapacidad del sistema para dar una respuesta adecuada a las pretensiones de las partes y frenar la litigiosidad, que no deja de aumentar. Por eso, se plantea la necesidad de buscar otras formas de prevención y resolución de conflictos. No se pretende sustituir el control judicial, que constituye una exigencia constitucional, sino complementarlo.

En este contexto, la hipótesis de partida de este proyecto es que la mediación constituye una necesidad inaplazable en nuestro sistema de justicia administrativa. Por una parte, para dar cumplimiento a los derechos de tutela judicial efectiva y de participación de los ciudadanos; y, por otra, para mejorar su eficacia. Se parte de la necesidad de implementar la mediación, tanto antejudicial como intrajudicial, como una vía complementaria de la justicia administrativa, que debe sumarse a los tradicionales recursos, con el fin de dar solución a los conflictos que no obtienen una respuesta adecuada con los actuales controles internos -recursos administrativos- y externos -recursos contencioso-administrativos- y dar una mejor satisfacción al interés general.

En estas coordenadas, la mediación supone una nueva forma de entender la resolución de las controversias jurídicas entre la ciudadanía y la Administración, que puede contribuir significativamente a mejorar la eficacia del actual sistema de justicia administrativa. Y esto, dado que la mediación conecta con el principio de buena administración; permite la adopción de soluciones consensuadas, desde el diálogo, otorgando un nuevo rol a los ciudadanos frente a la justicia administrativa; busca la resolución definitiva del conflicto, mediante una fórmula poco costosa y rápida; y puede reducir significativamente la litigiosidad.